Lo que hasta ahora se vivía como un problema de las provincias con presencia del narcotráfico, de pronto se convirtió en un escándalo nacional porque fueron secuestrados tres periodistas de cadenas televisivas de la capital: los narcotraficantes imponen condiciones a los medios de comunicación en muchas partes del país, ya sea enviando mensajes, secuestrando periodistas y luego matándolos, u ordenando qué publicar bajo amenaza de muerte o agresión.
El verbo tabletear es una de las palabras más corrientes que ha incorporado a su jerga el narcotráfico mexicano. Si el diccionario más rudimentario lo explica como chocar tablas de madera para producir ruido, en el mundo del crimen organizado es sinónimo de golpes y tortura, de castigo ejemplificador para “ablandar” a la víctima cuando se le quiere sacar información. El sacrificado es golpeado desnudo con la tabla hasta hacerlo gritar de dolor. Algunos periodistas mexicanos del norte del país han sabido de los tableteos, como testigos en citas obligadas por narcotraficantes, para ser forzados a respetar los intereses de los grupos criminales.
Por eso, cuando hace dos semanas, el sábado 31 de julio, el camarógrafo Alejandro Hernández, de la filial Televisa Laguna, dijo que los secuestradores lo trataron mal y lo golpearon con una tabla, la palabra no podía pasar desapercibida para quienes lo escuchaban en conferencia de prensa, aunque el dato era normal para lo que ya es un hecho común en México.
El secuestro de Hernández y de tres colegas más el lunes 26 de julio en Gómez Palacios, Durango, -aunque dos fueron liberados en el transcurso de esa semana-, en un intento del cartel del Pacífico (asociación del Chapo Guzmán y otros personajes del crimen organizado) por tratar de condicionar información del grupo y marcar agenda en los medios, hizo estallar lo que tanto se sabía en México: que narcotraficantes imponen condiciones a los medios de comunicación en muchas partes del país, ya sea enviando mensajes, secuestrando periodistas y luego matándolos, u ordenando qué publicar bajo amenaza de muerte o agresión. Como una condición para las liberaciones, Milenio emitió tres videos que los captores pusieron como exigencia.
Lo que hasta ese momento se vivía como un problema de las provincias con presencia del narcotráfico, de pronto se convirtió en un escándalo nacional porque tres de los secuestrados trabajan para dos cadenas televisivas de la capital. Antes, habían pasado casi desapercibidos más de 60 periodistas asesinados desde 2000 y 12 desaparecidos.
Pocos habían logrado alzar la voz desde el interior y ser escuchados en el centro del país. Pero esta vez tocó las venas sensibles de donde se ejerce el poder político e institucional mexicano, y entonces los periodistas –convocados a través de las redes sociales como twitter y facebook-, sin la compañía en las calles de los líderes de opinión ni jefes de las redacciones, marcharon el pasado sábado por las calles del Distrito Federal en silencio para reclamar por la libertad de expresión y el fin a la impunidad.
“Levantan a reportero”, titularon los medios de comunicación mexicano, como sinónimo de secuestro y privación ilegal de la libertad. “Ejecutan a periodistas”, se ha escrito como sinónimo de asesinato. El narcotráfico invade la vida mexicana también en el lenguaje, aunque las palabras no existan en términos jurídicos ni reflejen su significado en los diccionarios.
El gobierno de Felipe Calderón entendió, en su guerra lanzada a finales de 2006 para arrinconar a los carteles de la droga, el papel de los medios de comunicación, y por eso pronto salió a reclamar que no se informara sobre las acciones criminales, entendiendo esto como “publicidad”. Algunos generales pedían públicamente en 2008 que cuando se abatiera a uno de ellos, se dijera que había un narcotraficante menos.
Calderón y su equipo comprendieron que podía haber cortocircuitos con los empresarios de los medios de comunicación, al saber de la fuerte reacción que generó el secuestro de los cuatro informadores en el estado de Coahuila. Por primera vez, la violencia contra periodistas se instalaba en televisoras, radios y diarios capitalinos. Un programa periodístico de la poderosa Televisa salió sus 60 minutos con la pantalla en negro en gesto de protesta, explicando que en esas condiciones de violencia no emitiría.
Rápidamente el presidente llamó a una reunión pública con propietarios y directivos de las empresas de comunicación capitalinas más fuertes –en medio de otras a las que asistieron empresarios, organizaciones civiles, iglesias y partidos políticos- bajo el argumento de dialogar por la seguridad en el país. Calderón no recibió planteos de los principales interesados –hasta ahora esos medios no han explicado el porqué del silencio ante el presidente-, y logró diluir así cualquier atisbo de portadas negativas.
“Fue una operación que ató a más de un directivo o empresario”, dice Porfirio Patiño, un periodista y productor de una televisora extranjera con más de tres décadas de oficio en cobertura en zonas de guerra, y conocedor de cómo la prensa se relaciona con el poder político. “Los comentarios se fueron esfumando y la protesta no mereció ni la portada de medios electrónicos y escritos, al menos como solidaridad”, se queja.
El problema no sólo se circunscribe a las agresiones a periodistas y empresas, sino también a la falta de justicia, como han reclamado organizaciones civiles internacionales. Lo han hecho la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras, y la misma Relatoría para Derechos Humanos de la OEA, que en estos días visita México. En más del 90 por ciento de los casos no hay detenidos ni acusados, mucho menos sentenciados. Una fiscalía especial atiende las denuncias desde 2003, pero hasta ahora no ha logrado establecer acusaciones.
“Llama la atención que este caso, en medio de nubarrones, haya sido resuelto tan rápido”, afirma desconfiado Patiño, que agrega: “pero no así en el resto de más de 60 colegas donde sólo predominan las hipótesis”.
Los nubarrones se refieren a un manto de sospecha generado sobre la policía que liberó a los dos últimos secuestrados, porque éstos en realidad fueron abandonados por los narcotraficantes en una casa de seguridad, sin ser atrapados. Se dijo que también allí recuperaron la libertad varios policías secuestrados junto a los periodistas, pero no se sabe ni cuántos eran ni sus identidades.
Al mismo tiempo que se daban los cuatro secuestros en Coahuila, en el estado vecino de Zacatecas fue secuestrado el director del diario La Opinión de la ciudad de Jerez, Luis González García. Las autoridades nunca dijeron nada del caso, que ni llamó la atención de los medios. González García apareció torturado el 9 de agosto y fue hospitalizado tras ser liberado por sus captores, pero sin que se conozca nada de ellos.
Qué sigue? Se lo preguntan muchos y hay pocas respuestas. Los periodistas organizadores de la protesta del pasado sábado 7 de agosto intentaron dar respuestas y se reunieron para adoptar alguna estrategia.
Pero no hay muchas. “Con los medios jugando su papel individual”, insiste Patiño, “no hay muchas posibilidades de cambio. Si los narcos se atrevieron a tocar a Televisa o a Milenio, ahora seguramente irán por algo que escandalice más y atraiga con mayor fuerza la atención”, afirma.
Y para cerrar, lanza una temeraria premonición: “temo que ahora se quieran ir por un corresponsal o un enviado de algún medio internacional estadounidense de mucho peso”.
Fuente:http://alertaperiodistica.com.mx/mxico-narcotrfico-y-medios-de-comunicacin.html
En la hora de la legalización de las drogas
04-08-10
El discurso del presidente Calderón el 3 de agosto es de una importancia histórica. Por primera vez un jefe de Estado en funciones en México había aceptado que la legalización de las drogas es una posibilidad para enfrentar de mejor manera al crimen organizado.
Sin duda, es un giro radical a su política inicial, cuando se clamó cruzado de la guerra contra las drogas con el contundente “para que las drogas no lleguen a tus hijos”. A pesar de que adelanta su posición: “Hay quien argumenta que precisamente implicaría la legalización un aumento enorme del consumo en varias generaciones de mexicanos, en parte por el efecto económico mismo de la disminución de precio, en parte también por la disponibilidad, por la idea que se genera de que finalmente es aceptable y socialmente bueno y hasta medicinal, digamos, su uso, lo cual culturalmente tiene una incidencia importante”, y se coloca del lado del rechazo total a las drogas en paquete; abre la posibilidad de argumentar en contrario de manera democrática.
Y hay que tomarle de inmediato la palabra. Es la hora de que México y Colombia planteen en los foros internacionales un cambio internacional en la política de drogas. Y el gobierno mexicano tiene que llegar a ese momento con la fortaleza de llevar la posición de un país, una posición con amplio consenso, a pesar de no ser unánime. Hay que oír a quienes se oponen a la legalización y a quienes defendemos la posibilidad de una política de drogas diferente, que no aliente el consumo, que de plano procure eliminar los más peligrosos, pero que no lo haga a partir de la prohibición y se base en una jerarquización de las drogas por su grado de peligrosidad y adicción.
No se trata de legalizar a tontas y a locas, sino de diseñar un modelo de regulación que ponga el control de los mercados de estupefacientes en manos del Estado. Los precios se mantendrían altos a través de impuestos y no se permitiría la publicidad, mientras que se harían campañas de salud para desestimular los consumos peligrosos.
Se han hecho ya modelos de legalización que abordan la necesidad de políticas públicas eficaces para prevenir y desalentar el consumo. El más acabado es el de Transform Drug Policy Foundation (http://www.tdpf.org.uk/), que se puede resumir de la siguiente manera: es necesario desarrollar una reglamentación que diferencia a las drogas hoy ilegales en tres grupos. En uno estarían las drogas de peligrosidad baja, como la mariguana, el peyote, los hongos alucinógenos; en otra las de peligrosidad media, como la cocaína, el MDMA, conocido como éxtasis, los ácidos alucinógenos, etcétera; en la tercera estarían las drogas de peligrosidad alta, como los opiáceos inyectables. Para cada categoría, las restricciones de mercado serían diferentes.
La mariguana y otras drogas de peligrosidad baja deberían regirse por una reglamentación similar a la del tabaco y el alcohol, con altos impuestos, prohibición de proveerla a menores, lugares determinados para su venta y demás restriccciones. El modelo de cafés exclusivos que existe en Amsterdam es una posibilidad que evita que se le combine con alcohol y separa mercados, de manera que la oferta de mariguana no se junta con la de la cocaína y otras drogas más peligrosas.
Para el segundo grupo, el de las drogas como la cocaína, las llamadas tachas y los ácidos, dice Transform, su venta se haría en farmacias o expendios especializados, con receta médica y con las advertencias del caso, con estándares de pureza y dosis.
El tercer grupo, el de los opiáceos inyectables y otras drogas de alta peligrosidad como el llamado “cristal”, poderosa metanfetamina, requiere de un enfoque distinto. Lo primero que hay que decir es que hoy la mayoría de los opiáceos son legales y se usan en la industria médica. La heroína salió de las farmacias y ahí debe regresar de manera controlada. A los adictos a los opiáceos inyectables es necesario proveerles de la droga de manera gratuita en espacios sanitarios y promover entre ellos tratamientos de desintoxicación, al tiempo que se emprende una campaña de prevención seria. En la medida en la que no sean los delincuentes los que controlen las ganancias de la heroína o el “cristal”, no habrá incentivos para que existan enganchadores de niños y adolescentes para esas drogas y se podrá reducir sustancialmente el problema, que, aunque reducido en México, devasta a las personas a las que afecta.
Todo ello acompañado de una campaña informativa y educativa sobre los efectos del consumo de substancias, incluidos el tabaco y el alcohol. Pero sin argumentación paranoica, con razones y con información científica. Es la hora de pensar en después de la guerra.
Por: Jorge Javier Romero
Fuente:
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49310.html
Secreto a voces: narcos y autoridades en Jalisco
Las cosas en el país y en Jalisco marchan mal, pero deben estar peor cuando la captura y muerte de un capo del narcotráfico provoca más desasosiego que tranquilidad. Con el intento de captura, que devino en muerte, de Ignacio Coronel Villareal ahora se augura una mayor escalada de violencia en Guadalajara.
Todo mundo sabía que Nacho Coronel vivía en Guadalajara; incluso vecinos de Colinas de San Javier. Parece casi imposible que la policía estatal y por tanto el gobierno del estado no supieran del paradero del capo muerto a manos del Ejército el jueves pasado.
Todo indica que lo sabían, pero lo solapaban. De modo que el secreto a voces que circula desde hace al menos tres años parece ser cierto. El secreto a voces es que Nacho Coronel tenía su base de operación en Guadalajara gracias a un acuerdo, pacto o arreglo con autoridades estatales mediante el cual él podía operar su negocio de compra, distribución, producción y venta de drogas a cambio de protección y de colaborar para mantener la plaza más o menos tranquila, sin violencia desbocada; a cambio ponía su red de seguridad a disposición de la policía estatal para dar información y ubicar a grupos de sicarios y de otros cárteles del narcotráfico cuando pretendieran asentarse en la zona metropolitana de Guadalajara.
Según este secreto a voces, varias de las detenciones importantes que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad estatales y municipales, fueron más que exitosos operativos, una muestra de la eficacia de la red de informantes y de seguridad de Nacho Coronel que avisaba a las autoridades estatales de la llegada de un convoy armado que pretendiera establecer una célula para ingresar a la plaza.
Hay un dato muy importante que no debe pasarse por alto. El operativo en el que murió Nacho Coronel fue llevado a cabo por fuerzas especiales del Ejército sin dar aviso ni participación a las policías estatales o municipales. Todo indica que los militares desconfiaban de las policías de Jalisco; a lo mejor creían que si avisaban del operativo, Nacho Coronel podría ser informado.
Este dato parece confirmar el secreto a voces de que Nacho Coronel operaba mediante algún acuerdo o pacto con autoridades locales.
Al mirar el panorama completo, hace unos tres años se puede observar en Jalisco una situación de relativa calma, violencia controlada y operativos exitosos que impedían el ingreso de los Zetas y de otros grupos del narcotráfico. Fueron los días de las declaraciones triunfalistas de las autoridades de Jalisco, aquellas que celebraban la eficaz respuesta de las policías estatales a los embates del narcotráfico. Claro, mediante este arreglo Nacho Coronel, el capo de la plaza, obtenía jugosas ganancias pues controlaba Guadalajara como un monopolio del mercado de las drogas. Por supuesto, para que el esquema funcionara, el capo debió repartir dinero para que lo dejaran actuar.
Así funcionaba el negocio en la zona metropolitana de Guadalajara mientras Ciudad Juárez, Torreón, Morelia, Cuernavaca, Zacatecas y otras regiones de sus respectivos estados entraban en una espiral de violencia desconocida hasta entonces en la historia reciente del país.
El cambio en la situación empezó a hacerse evidente al final de 2009. Fue una especie de táctica de guerra de aproximación en la que los cárteles contrarios a Nacho Coronel fueron penetrando el norte del estado (en este caso los Zetas), en Puerto Vallarta y en la región de Tequila, o desde la frontera con Michoacán hasta llegar a Jocotepec (en el caso de La Familia michoacana). Basta revisar el historial de enfrentamientos, tiroteos y ajusticiamientos para registrar estos intentos por llegar a Guadalajara.
El giro completo llegó hace unos tres meses con la noticia de que el hijo de Nacho Coronel fue levantado en Puerto Vallarta y asesinado en Nayarit. La respuesta del capo no se hizo esperar y a su vez, la respuesta de los Zetas o quienes hayan sido los responsables de la muerte del hijo del capo. Lo que siguió es ya historia conocida: se ha presentado en Guadalajara el periodo de mayor violencia en 30 años.
Vaya paradoja, un operativo que supuestamente muestra la fuerza del Estado sobre grupos que lo desafían, revela a su vez la debilidad y vulnerabilidad de los gobiernos actuales: su incapacidad para ofrecer seguridad a los ciudadanos y su dependencia de pactos y arreglos con narcotraficantes a fin de garantizar la paz pública.
En fin, otra evidencia más de la crisis de los gobiernos liberales
En la hora de la legalización de las drogas
El discurso del presidente Calderón el 3 de agosto es de una importancia histórica. Por primera vez un jefe de Estado en funciones en México había aceptado que la legalización de las drogas es una posibilidad para enfrentar de mejor manera al crimen organizado.
Sin duda, es un giro radical a su política inicial, cuando se clamó cruzado de la guerra contra las drogas con el contundente “para que las drogas no lleguen a tus hijos”. A pesar de que adelanta su posición: “Hay quien argumenta que precisamente implicaría la legalización un aumento enorme del consumo en varias generaciones de mexicanos, en parte por el efecto económico mismo de la disminución de precio, en parte también por la disponibilidad, por la idea que se genera de que finalmente es aceptable y socialmente bueno y hasta medicinal, digamos, su uso, lo cual culturalmente tiene una incidencia importante”, y se coloca del lado del rechazo total a las drogas en paquete; abre la posibilidad de argumentar en contrario de manera democrática.
Y hay que tomarle de inmediato la palabra. Es la hora de que México y Colombia planteen en los foros internacionales un cambio internacional en la política de drogas. Y el gobierno mexicano tiene que llegar a ese momento con la fortaleza de llevar la posición de un país, una posición con amplio consenso, a pesar de no ser unánime. Hay que oír a quienes se oponen a la legalización y a quienes defendemos la posibilidad de una política de drogas diferente, que no aliente el consumo, que de plano procure eliminar los más peligrosos, pero que no lo haga a partir de la prohibición y se base en una jerarquización de las drogas por su grado de peligrosidad y adicción.
No se trata de legalizar a tontas y a locas, sino de diseñar un modelo de regulación que ponga el control de los mercados de estupefacientes en manos del Estado. Los precios se mantendrían altos a través de impuestos y no se permitiría la publicidad, mientras que se harían campañas de salud para desestimular los consumos peligrosos.
Se han hecho ya modelos de legalización que abordan la necesidad de políticas públicas eficaces para prevenir y desalentar el consumo. El más acabado es el de Transform Drug Policy Foundation (http://www.tdpf.org.uk/), que se puede resumir de la siguiente manera: es necesario desarrollar una reglamentación que diferencia a las drogas hoy ilegales en tres grupos. En uno estarían las drogas de peligrosidad baja, como la mariguana, el peyote, los hongos alucinógenos; en otra las de peligrosidad media, como la cocaína, el MDMA, conocido como éxtasis, los ácidos alucinógenos, etcétera; en la tercera estarían las drogas de peligrosidad alta, como los opiáceos inyectables. Para cada categoría, las restricciones de mercado serían diferentes.
La mariguana y otras drogas de peligrosidad baja deberían regirse por una reglamentación similar a la del tabaco y el alcohol, con altos impuestos, prohibición de proveerla a menores, lugares determinados para su venta y demás restriccciones. El modelo de cafés exclusivos que existe en Amsterdam es una posibilidad que evita que se le combine con alcohol y separa mercados, de manera que la oferta de mariguana no se junta con la de la cocaína y otras drogas más peligrosas.
Para el segundo grupo, el de las drogas como la cocaína, las llamadas tachas y los ácidos, dice Transform, su venta se haría en farmacias o expendios especializados, con receta médica y con las advertencias del caso, con estándares de pureza y dosis.
El tercer grupo, el de los opiáceos inyectables y otras drogas de alta peligrosidad como el llamado “cristal”, poderosa metanfetamina, requiere de un enfoque distinto. Lo primero que hay que decir es que hoy la mayoría de los opiáceos son legales y se usan en la industria médica. La heroína salió de las farmacias y ahí debe regresar de manera controlada. A los adictos a los opiáceos inyectables es necesario proveerles de la droga de manera gratuita en espacios sanitarios y promover entre ellos tratamientos de desintoxicación, al tiempo que se emprende una campaña de prevención seria. En la medida en la que no sean los delincuentes los que controlen las ganancias de la heroína o el “cristal”, no habrá incentivos para que existan enganchadores de niños y adolescentes para esas drogas y se podrá reducir sustancialmente el problema, que, aunque reducido en México, devasta a las personas a las que afecta.
Todo ello acompañado de una campaña informativa y educativa sobre los efectos del consumo de substancias, incluidos el tabaco y el alcohol. Pero sin argumentación paranoica, con razones y con información científica. Es la hora de pensar en después de la guerra.
Por: Jorge Javier Romero
Fuente:
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49310.html
Secreto a voces: narcos y autoridades en Jalisco
Las cosas en el país y en Jalisco marchan mal, pero deben estar peor cuando la captura y muerte de un capo del narcotráfico provoca más desasosiego que tranquilidad. Con el intento de captura, que devino en muerte, de Ignacio Coronel Villareal ahora se augura una mayor escalada de violencia en Guadalajara.
Todo mundo sabía que Nacho Coronel vivía en Guadalajara; incluso vecinos de Colinas de San Javier. Parece casi imposible que la policía estatal y por tanto el gobierno del estado no supieran del paradero del capo muerto a manos del Ejército el jueves pasado.
Todo indica que lo sabían, pero lo solapaban. De modo que el secreto a voces que circula desde hace al menos tres años parece ser cierto. El secreto a voces es que Nacho Coronel tenía su base de operación en Guadalajara gracias a un acuerdo, pacto o arreglo con autoridades estatales mediante el cual él podía operar su negocio de compra, distribución, producción y venta de drogas a cambio de protección y de colaborar para mantener la plaza más o menos tranquila, sin violencia desbocada; a cambio ponía su red de seguridad a disposición de la policía estatal para dar información y ubicar a grupos de sicarios y de otros cárteles del narcotráfico cuando pretendieran asentarse en la zona metropolitana de Guadalajara.
Según este secreto a voces, varias de las detenciones importantes que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad estatales y municipales, fueron más que exitosos operativos, una muestra de la eficacia de la red de informantes y de seguridad de Nacho Coronel que avisaba a las autoridades estatales de la llegada de un convoy armado que pretendiera establecer una célula para ingresar a la plaza.
Hay un dato muy importante que no debe pasarse por alto. El operativo en el que murió Nacho Coronel fue llevado a cabo por fuerzas especiales del Ejército sin dar aviso ni participación a las policías estatales o municipales. Todo indica que los militares desconfiaban de las policías de Jalisco; a lo mejor creían que si avisaban del operativo, Nacho Coronel podría ser informado.
Este dato parece confirmar el secreto a voces de que Nacho Coronel operaba mediante algún acuerdo o pacto con autoridades locales.
Al mirar el panorama completo, hace unos tres años se puede observar en Jalisco una situación de relativa calma, violencia controlada y operativos exitosos que impedían el ingreso de los Zetas y de otros grupos del narcotráfico. Fueron los días de las declaraciones triunfalistas de las autoridades de Jalisco, aquellas que celebraban la eficaz respuesta de las policías estatales a los embates del narcotráfico. Claro, mediante este arreglo Nacho Coronel, el capo de la plaza, obtenía jugosas ganancias pues controlaba Guadalajara como un monopolio del mercado de las drogas. Por supuesto, para que el esquema funcionara, el capo debió repartir dinero para que lo dejaran actuar.
Así funcionaba el negocio en la zona metropolitana de Guadalajara mientras Ciudad Juárez, Torreón, Morelia, Cuernavaca, Zacatecas y otras regiones de sus respectivos estados entraban en una espiral de violencia desconocida hasta entonces en la historia reciente del país.
El cambio en la situación empezó a hacerse evidente al final de 2009. Fue una especie de táctica de guerra de aproximación en la que los cárteles contrarios a Nacho Coronel fueron penetrando el norte del estado (en este caso los Zetas), en Puerto Vallarta y en la región de Tequila, o desde la frontera con Michoacán hasta llegar a Jocotepec (en el caso de La Familia michoacana). Basta revisar el historial de enfrentamientos, tiroteos y ajusticiamientos para registrar estos intentos por llegar a Guadalajara.
El giro completo llegó hace unos tres meses con la noticia de que el hijo de Nacho Coronel fue levantado en Puerto Vallarta y asesinado en Nayarit. La respuesta del capo no se hizo esperar y a su vez, la respuesta de los Zetas o quienes hayan sido los responsables de la muerte del hijo del capo. Lo que siguió es ya historia conocida: se ha presentado en Guadalajara el periodo de mayor violencia en 30 años.
Vaya paradoja, un operativo que supuestamente muestra la fuerza del Estado sobre grupos que lo desafían, revela a su vez la debilidad y vulnerabilidad de los gobiernos actuales: su incapacidad para ofrecer seguridad a los ciudadanos y su dependencia de pactos y arreglos con narcotraficantes a fin de garantizar la paz pública.
En fin, otra evidencia más de la crisis de los gobiernos liberales
Los que protegían a “Nacho” Coronel
POR:
Salvador García Soto
La presencia del difunto capo Ignacio Nacho Coronel en los exclusivos círculos sociales de Guadalajara no era algo nuevo ni reciente. Desde hace varios años el narcotraficante número dos del Cártel de Sinaloa había hecho de la capital de Jalisco su lugar de residencia y centro de operaciones, y aunque siempre se manejaba con un bajo perfil y era más bien discreto, no sólo algunos de sus vecinos sabían de su presencia en Colinas del Sur: lo sabían también las policías municipales de Zapopan y la estatal, que le brindaban protección.
Al sobrino del Nacho, Mario Carrasco Coronel, también muerto a tiros por el Ejército, era común verlo en los bares y restaurantes de moda en Guadalajara y Zapopan, codeándose con los más connotados juniors tapatíos. Era también propietario de bares y, con una actividad mucho más visible que la de su tío, era su brazo derecho y operativo. Si eso lo sabían y lo comentaban muchos en Guadalajara, ¿no lo sabía el gobernador Emilio González o su secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Nájera?
No es casual el silencio que durante varias horas guardó el gobernador jalisciense, quien apenas ayer, a pregunta expresa, se dijo abierto a “que se investigue a todos”, incluidos los funcionarios de su gobierno, policías estatales y municipales que podrían aparecer en las nóminas de Coronel, contenidas en la computadora encontrada por el Ejército, en el domicilio donde cayó abatido a tiros el capo. El mismo mandatario panista se dijo dispuesto a ser investigado y aseguró estar “tranquilo” por lo que pueda venir como secuelas tras la muerte del narcotraficante.
Todo indica que al gobernador se le puede conceder su deseo, pues en la Sedena aseguran que la computadora del Nacho sí contiene información sobre las redes de protección que, durante los últimos años, le permitieron operar en total tranquilidad y seguridad en el estado. Y en esas redes, afirman fuentes castrenses, saldrán nombres lo mismo de jefes policiacos municipales y estatales que de algunos colaboradores muy cercanos y de la confianza del gobernador.
No puede entenderse, comentan en las fuerzas castrenses, que Jalisco estuviera en una “calma chicha” teniendo en su capital, en una exclusiva zona residencial, a uno de los líderes del cártel más fuerte del país. Tampoco se entendería que el capo haya hecho de la capital jalisciense su centro operativo sin la seguridad de que las autoridades locales lo cobijarían y no delatarían su presencia a las fuerzas federales.
Si Arturo Beltrán Leyva encontró en Cuernavaca, y en todo Morelos, un refugio seguro para vivir y operar desde ahí su xártel, Ignacio Coronel tuvo en Guadalajara, y en Jalisco, las mismas condiciones para residir y controlar desde ahí las 10 plazas que, se dice, estaban bajo su mando en igual número de estados del país. En los dos casos, gobernadores panistas aparecen involucrados y fingen demencia y total ignorancia. En los dos casos, colaboradores cercanos aparecen como infiltrados por los capos de la droga; en el caso del morelense Marco Antonio Adame, las evidencias de involucramiento de su secretario de Seguridad y su procurador, acusados y detenidos por vínculos con los narcos, no bastaron para inculparlo, y recibió la total protección y respaldo del presidente Felipe Calderón. ¿Ocurrirá lo mismo con el jalisciense Emilio González, que no es precisamente santo de la devoción de Los Pinos?
Salvador García Soto
Manejo misterioso del cuerpo de Nacho Coronel alimenta las sospechas públicas
Provocan autoridades se generen las mismas dudas que a la muerte del El Señor de los Cielos
POR : GEORGINA GARCÍA SOLÍS
¿Por qué esconden el cuerpo? o ¿qué es lo que están escondiendo? son las interrogantes en torno al manejo gubernamental de la muerte del capo Ignacio Coronel Villarreal, cuyo cuerpo permanecía ayer en el Servicio Médico Forense sin que se difundieran testimonios gráficos que avalaran su caída en el operativo del Ejército Mexicano en Colinas de San Javier, señaló Felipe de Jesús Garibay Valle, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y presidente de la Academia de Derecho Procesal Penal.
"El Rey del Ice está en la sospecha general, del sentir general de que fue sustituido y de que otro cadáver ocupó su lugar, pero la verdad no la tenemos y si deducimos de lo que se ha informado, se está haciendo una práctica similar a la del Señor de los Cielos”, planteó el académico de la UdeG.
El presidente de la Academia de Derecho Procesal consideró que este golpe a la organización que lidera Joaquín Guzmán Loera tiene más tintes políticos que jurídicos para reivindicar la imagen del presidente, Felipe Calderón, señalado de proteger a El Chapo en esta guerra contra el narcotráfico.
Cortina de humo
“Si al Che Guevara lo fotografiaron cuando estaba muerto precisamente para demostrar que el operativo del FBI y Estados Unidos había matado al guerrillero, eso es lo que debió hacerse con Nacho Coronel, ¿qué tiene?, ¿por qué lo esconden?, ¿qué es lo que están ocultando?”, puntualizó.
POR : GEORGINA GARCÍA SOLÍS
¿Por qué esconden el cuerpo? o ¿qué es lo que están escondiendo? son las interrogantes en torno al manejo gubernamental de la muerte del capo Ignacio Coronel Villarreal, cuyo cuerpo permanecía ayer en el Servicio Médico Forense sin que se difundieran testimonios gráficos que avalaran su caída en el operativo del Ejército Mexicano en Colinas de San Javier, señaló Felipe de Jesús Garibay Valle, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y presidente de la Academia de Derecho Procesal Penal.
El especialista en Derecho Procesal consideró que las dudas no aclaradas dan pie a que se generen las mismas sospechas que se despertaron cuando falleció el narcotraficante, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, en una cirugía plástica practicada en un hospital de la ciudad de México en 1997.
"El Rey del Ice está en la sospecha general, del sentir general de que fue sustituido y de que otro cadáver ocupó su lugar, pero la verdad no la tenemos y si deducimos de lo que se ha informado, se está haciendo una práctica similar a la del Señor de los Cielos”, planteó el académico de la UdeG.
Contrario a lo que sucedió con la muerte de Arturo Beltrán Leyva El Barbas, en un operativo de la Secretaría de la Marina en Cuernavaca, Morelos, en el caso del lugarteniente del cártel de Sinaloa en Jalisco, no se conocen fotografías de su cuerpo, y se mantiene hermética la información al respecto.
El presidente de la Academia de Derecho Procesal consideró que este golpe a la organización que lidera Joaquín Guzmán Loera tiene más tintes políticos que jurídicos para reivindicar la imagen del presidente, Felipe Calderón, señalado de proteger a El Chapo en esta guerra contra el narcotráfico.
“Lo de Nacho Coronel se está manejando políticamente, más que jurídicamente. Este operativo implementado por el Ejército coincidentemente con la visita del señor presidente, da sospechas que esto se está haciendo para generar una opinión de que el Estado sí está haciendo lo correcto y no está favoreciendo a ninguno de los cárteles, esa es la finalidad.
“Entre los cárteles había el rumor que se estaba favoreciendo a El Chapo e inclusive se dijo que Nacho Coronel había sido detenido a mediados de mayo y casualmente (Diego) Fernández de Cevallos fue secuestrado al mismo tiempo, y se rumoró también que era un intercambio, pues esto da la sospecha de que este señor que murió o que mataron no es Nacho Coronel, éste es un rumor que hay en el ramo penal”, expuso.
Cortina de humo
Garibay Valle insistió que es “sospechoso” que los gubernativos levanten una cortina de humo para “tapar lo que realmente no tienen porqué tapar, pues si mataron a Nacho Coronel porque se resistió al Ejército debe estar el cuerpo.
“Si al Che Guevara lo fotografiaron cuando estaba muerto precisamente para demostrar que el operativo del FBI y Estados Unidos había matado al guerrillero, eso es lo que debió hacerse con Nacho Coronel, ¿qué tiene?, ¿por qué lo esconden?, ¿qué es lo que están ocultando?”, puntualizó.
POR : GEORGINA GARCÍA SOLÍS
Fuente:
POR : GEORGINA GARCÍA SOLÍS
Nacho Coronel
Por Raymundo Riva Palacio.-
“El Inge”. Así lo conocían sus vecinos en Colinas de San Javier, un lujoso fraccionamiento en los suburbios de Guadalajara. Siempre era muy correcto, educado, se refería a la gente de “usted”, y jamás decía una mala palabra ni causaba problemas a su alrededor. Ignacio Coronel no alteraba su entorno cotidiano. Tampoco tenía que mostrar violencia para probar que era fuerte y poderoso, el más, entre los grandes, de la última década.
La muerte de Coronel el jueves pasado durante un enfrentamiento en donde comandos del Ejército y la Fuerza Aérea iban a detenerlo en cumplimiento de una petición de extradición del gobierno de Estados Unidos, donde desde hace siete años se le venían acumulando demandas y órdenes de arresto, terminó con una carrera delictiva que comenzó aproximadamente hace 44 años, cuando “El Inge” empezó su vida criminal como mandadero del último jefe nacional del narcotráfico, Miguel Ángel Félix Gallardo, preso desde el gobierno de Miguel de la Madrid.la Defensa Nacional llamó un “operativo quirúrgico”, llegaron hasta donde poco antes se había estado dando un masaje, totalmente relajado, y cuando quiso huir a tiros de los militares, fue muerto.
Fuente: http://www.elarsenal.net/
Narcoviolencia desatada
Jaime Ramírez Yáñez
2010-07-28
Jalisco prácticamente era una olla de presión. La lucha por las plazas en Nayarit, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán, finalmente impactó al estado y también a Colima. Desde hace poco más de 22 días la realidad jalisciense es otra.
En este tránsito violento, el cual se desencadenó tras el secuestro y la ejecución de un hijo de Ignacio Nacho Coronel Villareal, ocurrido hace dos meses aproximadamente en Nuevo Vallarta, han caído un delegado de la procuraduría estatal, un ex director de la policía judicial y otro de una policía municipal.
Asimismo a la lista de ejecutados se agregaron dos directores de seguridad pública, un ex presidente municipal, la detención de dos ex presidente municipales de La Huerta y la aprehensión de un narco junior con 790 mil dólares en efectivo, además de personas inocentes que han estado en medio del fugo cruzado o los granadazos en esta guerra que libran, según fuentes de inteligencia policial, los cárteles de los Valencia, los Zetas y los Beltrán para arrebatarle el poder a los de Sinaloa.
Además policías de Tizapán y Tlajomulco fueron agredidos, así como un agente del Ministerio Público de la División de Homicidios Intencionales, área que por cierto, desde la muerte de Carlos Alberto Rayas, ha dejado de funcionar adecuadamente.
El jueves 8 de julio, el delgado de la procuraduría estatal en Mascota, Alfredo Terrones Cervera, abordaba su vehículo para dirigirse a su oficina cuando intempestivamente acercaron unos individuos y le hicieron disparos a corta distancia. Aunque el intentó repeler la agresión, finalmente cayó abatido. Tras la ejecución de Terrones Cervera, y como parte de una línea de investigación fueron detenidos los ex presidentes municipales de La Huerta, Alberto Santiago Ochoa Vázquez y Magdaleno González Carrillo. Posteriormente, en Zapopan, fue detenido un menos identificado solamente como Javier, hijo de Jaime Jiménez Núñez, el Chiquis, un presunto traficante de dinero y cocaína de México a Centro y Sudamérica a bordo de un vehículo deportivo en cuya cajuela había 794 mil dólares en efectivo y al cual, según fuentes cercanas se le investigaba en relación a estos hechos.
Días después, el 19 de julio, cayó abatido el notario público Leopoldo González Padilla, El Francés, quien había sido director de la policía judicial del estado en tiempos de Flavio Romero y tenía su sede en Mascota.
La noche de 12 de julio pasado, sicarios de grupos antagónicos se enfrentaron y en el suceso también detonaron granadas inertes calibre 40 milímetros contra el hospital Arboledas. El móvil de la agresión que generó una intensa movilización policiaca, además de la angustia de los ciudadanos que estaban en el sanatorio, fue de carácter sentimental. Se debatían el amor de una colombiana.
En esta veintena violenta, dos directores de seguridad fueron ejecutados y uno más, ex titular de una dependencia similar también fue abatido.
El mismo día, el 22 de julio, Roberto Fierro Gómez de 35 años de edad, comandante de la plaza del El Salto y quien había laborado en la policía tapatía fue muerto a balazos, en tanto Moisés Aguilar de Tecalitlán, también fue ejecutado en una brecha junto con un bombero que resultó herido.
Presuntamente le homicidio de Aguilar podría tener relación con la detención de Juan Antonio Plascencia Flores, el Cremas, de 22 años, y Alejandro Muñoz Hernández, de 39, apodado el Jato, quienes secuestraron a un agricultor el 9 de julio en el potrero conocido como El Paiste, en el municipio de Tecalitlán y por cuyo rescate pedían un millón de pesos.
Unos días antes, el 10 de julio, Alberto Herrera Casillas, de 57 años, ex presidente de ese mismo municipio fue asesinado afuera de su domicilio en la calle Hidalgo, de la colonia Centro, su cadáver presentaba cuatro impactos de proyectil de arma de fuego en el pecho calibre 38 súper.
Finalmente el 24 de julio, Marcelo Gamaliel Seda Carreto, ex director de la Policía Municipal de Zapotiltic, de 44 años, fue asesinado. La víctima contaba con antecedentes penales.
La utilización de granadas de fragmentación en los hechos delictivos, se está convirtiendo ya en un asunto cotidiano. Durante el enfrentamiento frente al hospital Arboledas, fueron utilizadas granadas inertes calibre 40 milímetros, de las que necesitan un lanzador, denominado ML2, el cual está ubicado en la parte baja del cañón del fusil. Sin embrago, también las llamadas granadas de mano o personales, como son las M26 o MK, han sido utilizadas recurrentemente.
El pasado de julio, sujetos desconocidos lanzaron desde un vehículo en marcha, una granada de fragmentación hacia una casa ubicada en el populoso barrio de Analco. Lo mismo sucedió el 23 de julio cuando otra granada fue arrojada a un taller de torno en Lomas de Polanco y en este hecho dos inocentes resultaron lesionados, Juan Ramón Salazar Macías, de 35 años de edad, y su hijo, Brandon Salazar Ledesma, de nueve años.
En la colonia Las Huertas, sitio en donde hubo una ejecución con dos personas fallecidas, fueron localizadas varias granadas de fragmentación así como armas de grueso calibre en una finca ubicada en pleno Lázaro Cárdenas, esquina con la avenida Río Seco. Ahí se logró la detención de una persona que dijo llamarse José Martínez Briseño y quien fue consignado al Juzgado Segundo de Distrito.
El 23 de julio un hombre presuntamente relacionado con el narcomenudeo fue muerto a balazos. El occiso fue identificado como José Ruiz Chávez, el Patán, muy conocido por los vendedores de autos de la avenida Francisco Huizar en donde investigaciones policiacas han determinado que es un centro de distribución de drogas muy importante de la zona metropolitana de Guadalajara la cual, a pesar del cúmulo de denuncias, sigue operando normalmente.
